Hace 35 años, el 7 de octubre de 1988, la inmensa mayoría del arco parlamentario de entonces, desde AP (hoy Partido Popular) hasta Euskadiko Ezkerra, pasando por el PSN-PSOE y UPN, suscribieron el llamado “Acuerdo por la Paz y la Tolerancia” que complementaba al ya firmado en Euskadi (Pacto de Ajuria Enea) y al del conjunto de España (Pacto de Madrid).
En él se señalaba como base fundamental que la paz debía ser objetivo esencial de la actividad política, imprescindible para alcanzar la felicidad de la ciudadanía. Y que la democracia es el régimen que sostiene la renuncia a la fuerza bruta y la institucionalización de la voluntad mayoritaria como sistema de dirimir los conflictos de la sociedad. La democracia, como la paz, no es un estado sino una aspiración y tarea permanente.
En ese contexto, se señalaba que el terrorismo, entonces brutalmente presente, lejos de representar la voluntad popular, desprecia las libertades individuales y colectivas, socava el fundamento mismo del orden jurídico y significa la radical negación de la soberanía popular, que se manifiesta libremente en favor de la democracia y de la convivencia pacífica, que constituyen el medio y el fin deseado por todos.
Finalmente señala que el entonces –y actual– marco jurídico la Constitución española, la Ley de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, garantiza la defensa y consecución de cualquier objetivo político y posibilita los cauces de participación a los ciudadanos para hacer valer sus idearios políticos, incluida la defensa de ideas no recogidas en la actualidad en el ordenamiento constitucional vigente.
Los firmantes de dicho acuerdo apostaban por un esfuerzo colectivo por la paz y la tolerancia, aspirando a integrar todos los proyectos políticos y todas las ideologías que se reconozcan en estos valores de respeto de la voluntad popular y de rechazo a la utilización de la violencia. En concreto, se apelaba a los que entonces ostentaban representación parlamentaria, y que no ejercían sus derechos y obligaciones inherentes a la misma, para que, al igual que el resto de los partidos, rechacen la violencia como método de actuación política, asuman sus responsabilidades institucionales y defiendan desde ellas sus propios planteamientos políticos, en confrontación y debate con los otros representantes de la soberanía popular. Todo ello en referencia clara a la entonces Herri Batasuna.
Casi cuatro décadas después, doce años después del fin del terrorismo de ETA, incondicional y sin ningún tipo de precio en forma de logro de objetivos políticos por la violencia, hoy podemos decir que vivimos en el contexto que los firmantes del acuerdo se marcaban como objetivo final: una sociedad en paz y en convivencia, libre de violencia terrorista o política, y en donde todas las expresiones políticas de la pluralidad de Navarra pueden defender sus ideas y proyectos al amparo del marco constitucional, incluso proponiendo cambios en esta última.
La sociedad navarra es hoy muy diferente a la que existía en 1988. Tanto a nivel de cohesión social y territorial como también de los retos que tenemos por delante. Pero en algo sí se parece: la expresión de su pluralidad en forma de diferentes opciones políticas. Y el anhelo del conjunto de nuestra sociedad para que la convivencia se trasponga en términos políticos en acuerdos entre las distintas formaciones que representan esa pluralidad para avanzar y progresar.
La política es útil o no es. La política busca espacios de acuerdos y sinergias entre diferentes o realmente no puede servir al bien común. Hoy, todas las expresiones políticas en Navarra son legítimas, legales y defienden la consecución de sus objetivos políticos desde los instrumentos que, esencialmente, la Constitución nos dota.
El acuerdo suscrito entre el PSN-PSOE y EH Bildu para la presentación de una moción de censura en el Ayuntamiento de Pamplona, además de responder al interés fundamental de poner en marcha un ayuntamiento paralizado por la incapacidad de su actual gobierno municipal para lograr acuerdos de ciudad, es absolutamente fiel y representativo de los objetivos políticos de paz y convivencia que perseguía el Acuerdo por la Paz y la Tolerancia de 1988. Me atrevo a decir que en la cabeza de los que generaron y suscribieron el acuerdo, estaba precisamente lograr escenarios como éste que dejarán atrás de manera definitiva el período del odio, el terror, la violencia y la extorsión que entonces existía.
Es comprensible que los perjudicados en este nuevo escenario, la derecha navarra, esté dolida y contrariada. Y manifieste por supuesto de forma vehemente su crítica absoluta a esta decisión. Faltaría más. Pero lo que no admisible es el nivel –o mejor dicho, el bajo nivel– demostrado para exteriorizar esta crítica recurriendo al insulto y a la falta de respeto democrático. Deshumanizando y señalando al rival político que es el primer paso para que se amparen expresiones de intolerancia. Y eso, sin duda, menoscaba nuestra convivencia.
La moción de censura en Pamplona, instrumento absolutamente democrático y constructivo recogido en nuestra normativa, saldrá adelante y se instalará un nuevo gobierno municipal que, desde sus legítimas aspiraciones, asume cuestiones éticas y democráticas. Se presta a respetar el marco legal vigente, cumpliendo lo dispuesto en la Ley Foral de Símbolos de Navarra, apuesta por la convivencia, sin olvidar el pasado y con la convicción política y ética de que es necesario el reconocimiento y reparación de las víctimas del terrorismo de ETA. Y cumplirá los acuerdos de las formaciones políticas que lo integran o aquellas que, desde fuera y en el salón de plenos, lleguen a acuerdos con el mismo.
Y Pamplona volverá funcionar. Con proyectos de ciudad hoy paralizados. Desde el diálogo, el acuerdo y el respeto. Y se ejercerá en un clima de convivencia de su pluralidad. En paz y en libertad, tal y como anhelaban los firmantes de aquel Acuerdo de hace 35 años y que hoy es una realidad. Para nuestra fortuna. Y la de nuestros hijos, hijas, nietos y nietas.
Autor: Javier Remírez.