El PSN-PSOE acusa a UPN de “engañar y manipular” a la ciudadanía navarra al atribuir al Gobierno de Navarra algún tipo de responsabilidad por el ejercicio de la docencia de un condenado por pertenencia a la banda terrorista ETA, que según han publicado varios medios de comunicación, imparte clases en el instituto público IES Valle del Ebro de Tudela.
El PSN-PSOE recuerda que en 2015, a raíz del Pacto Antiyihadista firmado entre el entonces Presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy y el entonces Secretario General del PSOE y líder de la oposición, Pedro Sánchez, se aprobó la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en materia de delitos de terrorismo con los votos favorables del PP, PSOE, UPN, Coalición Canaria y Foro Asturias.
En dicha norma, entre otras cuestiones, se incluyó una nueva redacción del artículo 579bis del Código Penal por el que se previeron penas de inhabilitación absoluta y la novedosa pena de inhabilitación especial para profesión u oficio educativos, en los ámbitos docente, deportivo y de tiempo libre, por un tiempo superior entre seis y veinte años al de la duración de la pena de privación de libertad impuesta en su caso en la sentencia por delitos de terrorismo.
Esta modificación entró en vigor a partir del 1 de julio de 2015 recordando que “existe el principio de irretractividad en la aplicación de las normas penales”, un principio establecido en la Constitución y en otras normas del ordenamiento jurídico que prohíbe la aplicación de los efectos de las normas a situaciones o hechos surgidos o acontecidos antes de su entrada en vigor, especialmente si son restrictivas de derechos individuales, no favorables o de carácter sancionador, como es el caso.
Es decir, “UPN pide en su nota pública una modificación de la norma que ya se produjo hace casi diez años”, aseguran. Por lo tanto, queda claro que, ya sea por “ignorancia o mala fe”, UPN trata de “intoxicar una vez más a la opinión publica Navarra tratando extender la sombra de la sospecha” al Gobierno de Navarra y, en particular, al Departamento de Educación de sus compromiso claro e indubitado ya no solo por el cumplimiento estricto del principio de legalidad, como es obligado, sino del “compromiso por la paz, la libertad, la tolerancia y en contra el terrorismo”.