El PSN-PSOE defiende la nulidad de las leyes que permitieron el expolio del patrimonio público por parte de la iglesia

El PSN-PSOE impulsa una moción para avanzar en la anulación de las leyes que permitieron a la Iglesia católica inmatricular miles de bienes que pertenecen al conjunto de la ciudadanía. El portavoz socialista, Ramón Alzórriz, afirma que las inmatriculaciones constituyen “un expolio organizado, amparado por normas claramente injustas”.

Alzórriz sostiene que la Iglesia “incumple de forma evidente mandamientos tan básicos como no robar ni codiciar los bienes ajenos” y recuerda que este proceso se produce “con premeditación, alevosía y ayuda política, aunque no divina”. En este sentido, señala que “la multinacional católica inmatricula más de 35.000 inmuebles solo después de 1998, y más de 100.000 desde la ley franquista de 1946”.

El portavoz socialista pone en valor el papel del PSOE en la visibilización de este problema y recuerda que “el secretismo y la opacidad se rompen cuando el PSOE saca a la luz este escándalo”.

En relación con Navarra, Alzórriz subraya que la Comunidad Foral es un ejemplo de avance en la defensa del patrimonio público. “Aquí se trabaja, se investiga y se recupera lo que es del pueblo”. Actualmente se conocen 1.087 bienes inmatriculados en Navarra de un listado que supera los 3.000 inmuebles.

El socialista reconoce el importante trabajo de plataformas ciudadanas y de los grupos políticos progresistas, entre ellos el PSN-PSOE, siendo “actores principales de recuperación del patrimonio para el conjunto de la sociedad navarra”. Sin embargo, advierte de que “no es suficiente con inventarios o declaraciones” y defiende que “Navarra debe ser punta de lanza y avanzar hacia leyes de nulidad”.

El PSN-PSOE también denuncia el volumen de recursos públicos que recibe la Iglesia. “Sumando exenciones fiscales, subvenciones y financiación vía IRPF, la Iglesia recibe alrededor de 11.000 millones de euros al año”, explica Alzórriz, quien detalla que “solo en conciertos educativos percibe 5.000 millones, más las cuotas de las familias, y más de 2.000 millones en conciertos sanitarios”.

El portavoz socialista sostiene que los artículos que permitieron las inmatriculaciones “son claramente inconstitucionales porque vulneran la igualdad y la libertad religiosa” y se pregunta “cómo es posible que se equiparara a la Iglesia con los registradores de la propiedad”.

“Defender lo público es defender lo que es de todos. La justicia social y moral debe prevalecer frente a una injusticia impropia de una institución que dice defender el bien común”, concluye.

El PSN-PSOE impulsa la eliminación de los privilegios del profesorado de religión en la escuela pública para equiparar sus condiciones al resto del personal docente

El PSN-PSOE presenta en el Parlamento de Navarra una proposición de ley para derogar la Ley Foral 15/2022, de 17 de mayo, que garantiza el mantenimiento de los puestos de trabajo del profesorado de religión en los centros públicos de la Comunidad Foral. La iniciativa tiene el objetivo de corregir una desigualdad normativa y avanzar hacia un marco educativo público basado en la equidad y la coherencia jurídica.

La actual Ley Foral 15/2022 garantiza que los docentes de religión que tienen contrato laboral temporal mantengan su puesto de trabajo y la jornada correspondiente, incluso cuando se reduce la carga lectiva de la asignatura por los cambios educativos en cumplimiento de la LOMLOE. “Esto significa que, aunque haya menos horas de religión por curso, la Administración no puede reducirles la jornada ni despedirles por razones de carga lectiva, algo que no sucede con el resto de docentes del sistema educativo público”, señala la portavoz socialista Ainhoa Unzu.

El PSN-PSOE subraya, además, que el sistema de selección del profesorado de religión actualmente no incorpora los principios de igualdad, mérito y capacidad en los mismos términos que el acceso a la función pública docente, lo que refuerza la necesidad de evitar privilegios que rompen el equilibrio del sistema educativo público. “La ley del 2022 blinda de forma extraordinaria a un colectivo de docentes —designados por el Arzobispado y no a través de una oposición— frente a la evolución real de las necesidades educativas”. “Nuestro objetivo es acabar con privilegios que no se sostienen en criterios de justicia ni de equidad”, añade Unzu.

En el sistema educativo está el resto de profesorado contratado en régimen temporal o por contratos administrativos—como el personal contratado por necesidades docentes— que afrontan situaciones similares: reducción de carga lectiva, cambios curriculares, descenso de la natalidad o variación en las opciones del alumnado. En estos casos, la normativa no contempla ninguna garantía específica de mantenimiento del puesto de trabajo, “lo que evidencia un trato desigual que no se sustenta ni en la naturaleza del contrato ni en la materia impartida”.

“Con la derogación de la ley, el profesorado de religión pasará a estar sujeto a las mismas reglas que el resto de docentes de la escuela pública, de modo que su continuidad y su jornada dependerán de la carga lectiva real de la asignatura y de las necesidades educativas de cada curso”, incide.

Con responsabilidad y sensibilidad hacia la comunidad educativa, la proposición de ley establece que la derogación no tenga efectos inmediatos. La aplicación se pospone hasta el inicio del curso 2026/2027, con el fin de no alterar la organización del curso en vigor ni generar incertidumbre en las personas directamente afectadas.

El PSN-PSOE reafirma así su compromiso con una educación pública justa, coherente y basada en la igualdad de derechos y deberes de todo el profesorado, garantizando seguridad jurídica y una transición ordenada en el sistema educativo navarro.