El PSN-PSOE blinda la vivienda protegida y regula el alquiler de habitaciones para reforzar el derecho a la vivienda

El Parlamento de Navarra aprueba dos nuevas leyes, impulsadas por el PSN-PSOE, para fortalecer el derecho a la vivienda en Navarra; consolidar un modelo que prioriza el interés general frente a la especulación y adaptar la legislación a la realidad actual. «La vivienda no puede quedar abandonada a la ley del más fuerte», señala el portavoz socialista Lucero.

La primera iniciativa garantiza que las viviendas protegidas de alquiler construidas antes de 2022 mantengan su protección y no pasen al mercado libre cuando finalice el plazo de calificación. La medida protege 2.248 viviendas en Navarra y aporta estabilidad a miles de familias.

«Una política seria de vivienda no solo construye más vivienda protegida; también protege la que ya existe. No tiene sentido invertir dinero público para que esas viviendas acaben convirtiéndose en un negocio privado», sostiene Lucero.

La segunda ley regula por primera vez el alquiler de habitaciones, una modalidad cada vez más utilizada por jóvenes, estudiantes, trabajadores y personas con menos recursos. La norma establece un marco de derechos y obligaciones, aumenta la transparencia y evita que el alquiler por habitaciones se utilice para esquivar los límites de precio en las zonas tensionadas. «Vivir en una habitación no puede significar vivir con menos derechos. Donde hay necesidad y no hay reglas, siempre aparece alguien dispuesto a hacer negocio con la necesidad ajena», señala Lucero.

Además, la regulación impide que la suma del precio de las habitaciones supere el límite legal fijado para el alquiler de la vivienda completa en las zonas tensionadas, cerrando una vía que permitiría esquivar las políticas públicas de contención de precios.

El PSN-PSOE defiende que ambas leyes forman parte de un mismo modelo: intervenir cuando el mercado no garantiza el acceso a la vivienda y situar el derecho a una vivienda digna por encima de los intereses especulativos.

«Regular no es intervenir de más. Es proteger a las personas y garantizar que nadie tenga menos derechos por la forma en la que accede a una vivienda», concluye Lucero.