El PSN de Tudela ha registrado una moción para el próximo Pleno municipal en la que reclama al Ayuntamiento que facilite a los grupos municipales toda la información disponible sobre el contrato de limpieza viaria que afecta a Tudela. Asimismo, solicita que se inste a la Mancomunidad de la Ribera a trasladar la información requerida sobre la prestación y el grado de cumplimiento del servicio.
La portavoz socialista, Olga Chueca, señala que “la limpieza viaria es un servicio público esencial que afecta directamente a la calidad de vida de la ciudadanía y al día a día de nuestras calles, por lo que debemos saber con transparencia en qué condiciones se está prestando y si se están cumpliendo las obligaciones establecidas en el contrato”.
La iniciativa socialista llega después de que la Cámara de Comptos de Navarra publicara en noviembre de 2025 un informe de fiscalización sobre el control y supervisión del contrato de limpieza viaria de los municipios de la Mancomunidad de la Ribera correspondiente a los ejercicios 2023 y 2024. El contrato, adjudicado en 2020 y que afecta a 18 municipios, supuso en 2024 un gasto de 2,8 millones de euros.
Según recoge el informe, aunque la Mancomunidad realiza actuaciones de supervisión y control de la ejecución del contrato, estas “no resultan suficientes” para verificar que la empresa adjudicataria cumple todas las prescripciones administrativas y técnicas establecidas tanto en los pliegos como en su oferta. La Cámara de Comptos también señaló que la aplicación informática VISION, ofertada para la gestión del servicio y el control de los recursos humanos, materiales y consumos, no se había implantado en su totalidad.
Por ello, entre sus recomendaciones, planteaba exigir la implantación completa de esta aplicación y evaluar la calidad del servicio de limpieza conforme a las exigencias establecidas en los pliegos.
“Estamos hablando de un contrato que moviliza recursos públicos importantes y de un servicio que afecta a todos los vecinos y vecinas. Lo mínimo que debemos exigir es información, seguimiento y garantías de que aquello que se ha contratado se está cumpliendo”, afirma Chueca.
La portavoz socialista recuerda además que el PSN de Tudela solicitó información a la Concejala de Servicios Contratados del Ayuntamiento de Tudela para conocer la situación del contrato y del correspondiente pliego de limpieza viaria. La respuesta recibida señalaba que la competencia en materia contractual corresponde a la Mancomunidad de la Ribera.
Posteriormente, en mayo de 2026, el portavoz del PSN-PSOE en la Mancomunidad solicitó información sobre el estado del contrato, la prestación del servicio y los datos desglosados por localidades. Sin embargo, según denuncia el grupo socialista, a día de hoy, “no se ha facilitado la información solicitada ni por parte del Ayuntamiento de Tudela ni por parte de la Mancomunidad de la Ribera”.
“Como grupo municipal es nuestra responsabilidad garantizar que los recursos públicos se gestionan correctamente”, asegura.
Por tanto, los socialistas instan a que el Ayuntamiento solicite a la Mancomunidad un “informe actualizado sobre la situación y ejecución del contrato en Tudela”, que incluya, entre otras cuestiones, las obligaciones de la empresa adjudicataria, los medios humanos y materiales destinados al servicio, los mecanismos de control y evaluación, las inspecciones realizadas, las incidencias y reclamaciones recibidas, los posibles incumplimientos detectados y las medidas adoptadas ante ellos.
Asimismo, el PSN-PSOE reclama conocer el “coste económico del servicio correspondiente a Tudela” y su distribución entre las administraciones implicadas, así como los datos disponibles que permitan evaluar el grado de cumplimiento de las condiciones establecidas en el contrato.
Además, la moción plantea que el Ayuntamiento inste a la Mancomunidad a reforzar los mecanismos periódicos de seguimiento y control del contrato y establece que la información requerida sea remitida al Ayuntamiento y puesta a disposición de los grupos municipales en un “plazo máximo de 30 días” desde la adopción de los acuerdos.
“Transparencia, información y control no deberían ser una excepción, sino una obligación cuando hablamos de servicios públicos y de recursos de todos los ciudadanos y ciudadanas”, concluye.
