El PSN-PSOE defiende adaptar los contratos del profesorado de Religión a la realidad educativa y corregir un sobrecoste de más de 2 millones al año

Unzu: “La iniciativa busca garantizar equidad en el sistema público y una gestión responsable de los recursos educativos en Navarra”

12 marzo 2026

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El PSN-PSOE defiende en el Parlamento de Navarra la derogación de la Ley Foral 15/2022 para adaptar los contratos del profesorado de Religión a la carga lectiva real y corregir una situación que supone pagar más de 2 millones de euros al año por horas que no se imparten.

“El debate no trata sobre religión, sino sobre la necesidad de que el sistema educativo público se adapte a la realidad”, sostiene la portavoz socialista Ainhoa Unzu. “Defender la educación pública también significa garantizar que los recursos públicos se utilicen con justicia, equidad y sentido común”, afirma.

Actualmente hay 128 docentes de Religión contratados en Navarra. Sin embargo, las horas necesarias para impartir la asignatura ascienden a 1.557 semanales, mientras que se están pagando 2.577 horas. Esto supone 1.020 horas más de las necesarias, el equivalente a casi 44 jornadas completas y un sobrecoste superior a los 2,1 millones de euros por curso.

Unzu explica que esta situación se produce tras la aprobación en 2022 de una ley que blindó los contratos del profesorado de Religión aunque la carga lectiva disminuyera, a pesar de que la asignatura ha ido perdiendo peso en el sistema educativo tras la LOMLOE y la caída en la elección por parte del alumnado.

“Cuando disminuye la carga lectiva en cualquier otra especialidad, los contratos se ajustan a las necesidades reales de los centros. Ocurre con Filosofía, con Música y con cualquier otra materia. No existen colectivos blindados”, señala.

La portavoz socialista insiste en que la iniciativa no cuestiona el trabajo del profesorado, sino que busca garantizar la equidad en el funcionamiento del sistema educativo público. Además, recuerda que el propio Departamento de Educación ha señalado que la adecuación de las jornadas permitirá que el próximo curso no se extinga ningún contrato.

“El objetivo es claro: gestionar con rigor los recursos públicos y destinarlos a las prioridades educativas del sistema”, concluye Unzu.