EH Bildu, PSN, Geroa Bai y Contigo-Zurekin denuncian que la suspensión unilateral del Pleno de la semana pasada puede significar la pérdida directa de casi un cuarto de millón de euros para las arcas públicas. El hecho de que en esa sesión debían haberse aprobado la ordenanza fiscal número 1, relativa a la contribución urbana para 2024, está en la génesis de esta crisis. Esa ordenanza incluye los criterios de actualización de la contribución, criterios que no han sido aprobados y que supondrían ingresos por un valor aproximado de 250.000 euros.
Los cuatro partidos que respaldan la moción de censura en Pamplona califican de “irresponsable” esta circunstancia y demandan que el actual equipo de gobierno “cumpla con sus obligaciones” para no seguir provocando “afecciones negativas a la ciudadanía”. Desde los grupos que hoy conforman la oposición mayoritaria dentro del Ayuntamiento, se emplaza al equipo de Ibarrola a que “con la mayor brevedad posible” convoque un Pleno extraordinario en el que se puedan aprobar esas normas fiscales.
La cantidad que el Ayuntamiento podría dejar de ingresar por la no actualización de los criterios de la contribución urbana es similar, por ejemplo, al presupuesto anual de las actividades de Igualdad o al coste del proyecto de construcción de la futura Escuela Infantil de San Juan – Donibane. “Insistimos en que la responsabilidad debe imponerse frente a la legítima reacción política que la actual situación en el Ayuntamiento puede provocar en quien hoy ostenta el poder, pero que, al igual que todos y todas las que ostentamos responsabilidad política, se deben primero a la ciudadanía”, sostienen.
Los cuatro grupos confirman asimismo que UPN ha ordenado paralizar toda la actividad institucional del Ayuntamiento, incluyendo no solo el Pleno, sino también las comisiones de Presidencia, Asuntos Ciudadanos y Urbanismo. En este sentido, EH Bildu, PSN, Geroa Bai y Contigo-Zurekin emplazan a la actual alcaldesa, Cristina Ibarrola, y a UPN a que “reflexionen” y permitan una “transición ordenada” al frente del Ayuntamiento para que las “posturas partidistas” no interfieran en el “correcto desarrollo de la actividad institucional, en los servicios que presta el Ayuntamiento y, en definitiva, en el bienestar de la ciudadanía”.