El PSN-PSOE califica la proposición de ley de UPN como una “chapuza jurídica” que pone en riesgo todo el proceso de admisión del próximo curso y genera una grave incertidumbre entre las familias. Los socialistas advierten de que su aprobación podría obligar a repetir la matriculación e incluso hacer peligrar plazas ya asignadas.
Frente a esta iniciativa, el PSN-PSOE defiende que la reorganización de unidades educativas se basa en hechos objetivos y no en “acusaciones interesadas”. Sostiene que no existe ningún ataque a la educación concertada, sino una respuesta necesaria a la bajada de la natalidad, la matrícula y la demanda.
“Ante esta realidad solo hay dos opciones: ignorarla o planificar con criterios de equidad”, afirma el portavoz socialista Kevin Lucero. En este sentido, defiende que se aplica la misma vara de medir a todas las redes educativas, poniendo fin a una situación en la que, “históricamente, la escuela pública ha asumido los ajustes”.
Lucero subraya que la afectación a la concertada es limitada y recuerda que la gran mayoría de sus unidades se mantienen. Considera que el discurso del “ataque” responde más a la resistencia a perder privilegios que a una vulneración real de derechos.
Asimismo, reivindica el papel de la escuela pública como garante del derecho a la educación, especialmente en aquellos entornos donde no existe oferta privada suficiente. Defiende que no puede seguir siendo “la variable de ajuste” del sistema mientras asume la mayor complejidad educativa.
En relación con el euskera, Lucero rechaza que cualquier decisión de planificación que afecte a una ikastola se interprete como un ataque a la lengua. Asegura que la enseñanza en euskera está garantizada también desde la red pública y que las familias mantienen esta opción.
El PSN-PSOE sostiene que la iniciativa de UPN no solo busca blindar a la concertada, sino que además puede perjudicar directamente a la escuela pública, poniendo en riesgo aulas en diferentes localidades.
Los socialistas consideran que esta proposición “no está pensada para proteger a las familias, sino para generar conflicto político a costa del sistema educativo”, y critican que se tramite sin garantías ni rigor jurídico.
El PSN-PSOE defiende una planificación educativa responsable, basada en la equidad, el interés general y la garantía del derecho a la educación.