El grupo municipal socialista del Ayuntamiento de Pamplona presenta una declaración en la Comisión de Asuntos Ciudadanos para impulsar “la creación de puntos de información en distintos barrios de la ciudad que ofrezcan información clara, accesible y rigurosa sobre el proceso de regularización extraordinaria de personas migrantes actualmente en marcha”, afirma la portavoz Marina Curiel.
La propuesta parte de “una realidad constatada en el día a día de los barrios y de los servicios municipales: muchas personas migrantes carecen de información fiable sobre los procedimientos administrativos que afectan directamente a su situación vital, lo que genera incertidumbre, vulnerabilidad y espacios propicios para la desinformación y los rumores”, señalan los socialistas. En este contexto, “el Ayuntamiento, como administración más cercana a la ciudadanía, debe desempeñar un papel activo en la información y el acompañamiento”, destacan los socialistas.
Desde el PSN de Pamplona se recuerda que “el proceso de regularización impulsado por el Gobierno de España, actualmente en fase de audiencia pública, se enmarca plenamente en el ordenamiento jurídico español y europeo y responde a la necesidad de dotar de seguridad jurídica a miles de personas que ya viven y trabajan en nuestro país”. Además, subrayan que “se trata de un proceso coordinado con otras administraciones, como demuestra la reciente creación de una comisión interdepartamental por parte del Gobierno de Navarra”, afirman los socialistas.
La declaración defiende que “las políticas de acogida y convivencia deben ir necesariamente acompañadas de información cercana, contrastada y accesible, que ayude a combatir la desinformación, evite discursos alarmistas y refuerce la cohesión social”. En este sentido, el grupo socialista destaca que “los barrios son espacios clave para garantizar una convivencia basada en el respeto, la igualdad de oportunidades y el reconocimiento de la diversidad”.
La iniciativa pone en valor “los efectos positivos de los procesos de regularización, como la ampliación de derechos, la reducción de la economía sumergida, la lucha contra la explotación laboral y el refuerzo de la seguridad jurídica tanto para las personas trabajadoras como para el conjunto del tejido económico y social”, concluye Curiel.