05 Mar 2016 Universalización del capitalismo
FABRICIO DE POTESTAD, Presidente del PSN-PSOE (Diario de Noticias) – El final de la década de los ochenta constituye, sin duda, un momento relevante en el que, tras la caída del muro de Berlín en 1989, se suceden un conjunto de situaciones que acabarían con la desaparición de la Unión Soviética en 1991, cerrándose un ciclo histórico iniciado en 1917. Más adelante China también se abriría a la lógica del mercado. Fracasado el comunismo, las crisis económicas del petróleo de los años setenta pusieron de relieve la infructuosidad de las políticas socialdemócratas para conjurar el desempleo creciente, lo que determinó el declive de su dilatada y floreciente etapa, iniciada tras la Segunda Guerra Mundial. Allanado el camino, el libre mercado, eufemismo con el que se pretende enmascarar los ribetes de codicia propios del capitalismo, inicia un proceso imparable de universalización que responde a una planificación perfectamente diseñada, basada en la lógica liberal clásica y en un conjunto medidas en las que se pretende sustentar su consolidación. La lógica liberal aplica políticas que parecen efectivas y, por tanto, necesarias. Sin embargo, una lectura más profunda desenmascara su verdadera finalidad, como es declarar la muerte de las ideologías y consolidar el capitalismo como único sistema viable. Teniendo como referentes académicos la teoría de los mercados eficientes y el modelo de competencia perfecta, en la década de los ochenta Thatcher y Reagan introducen un cambio radical en la política económica, que busca acabar con la socialdemocracia por considerarla una rémora y debilitar la influencia sindical que obstaculiza el desarrollo de un mercado laboral lo suficientemente flexible para que el ajuste entre demanda y oferta pueda hacerse a través de la precariedad salarial y del abaratamiento del despido.
En 1989 el paquete de reformas liberales compendiadas en el denominado Consenso de Washington fueron consideradas por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos medidas estándar e imprescindibles, lo que supuso, como apunta Chomsky, un nuevo orden mundial. En esencia, se afirma que la eficiencia y competitividad de la economía depende de la aplicación de una serie de políticas, cuya finalidad es globalizar el capitalismo y asegurar su irreversibilidad. Estas políticas podrían sistematizarse de la siguiente manera.
Disminución del tamaño del Estado, al que se considera un intruso que solo causa problemas. Así, se reduce el gasto público, sobre todo en políticas sociales, con objeto de aliviar la presión fiscal que grava a las empresas. Se moderan también los salarios y se reduce progresivamente el personal. Con este mismo fin, se descapitaliza al Estado mediante la privatización de las empresas públicas, pues suelen enajenarse por un precio inferior a su valor real, por lo que empeora la situación económica de las haciendas públicas. Asimismo, en mayo de 2010, la Unión Europea aprobó un pacto fiscal que obliga a implantar estrictos límites constitucionales a la posibilidad de incurrir en déficit, extremo contemplado ya en el Tratado de Maastricht, lo que supone imponer a las administraciones públicas una regla que no se aplica a ningún otro agente económico, como es la posibilidad de recurrir al endeudamiento, lo que limita la inversión pública productiva. En este mismo sentido se imponen las políticas de austeridad de Merkel, que se traducen en duros recortes en las prestaciones sociales. En efecto, desde la década de los ochenta hasta hoy han venido apareciendo de forma recurrente propuestas encaminadas a recortar los gastos sociales propios del estado de bienestar. Estas propuestas se exacerban en los periodos recesivos y tienden a suavizarse en épocas de bonaza económica. Es raro el país de la OCDE que no haya llevado a cabo alguna reforma estructural de este signo en los últimos años. Las políticas sociales más afectadas han sido las pensiones de jubilación, los subsidios de desempleo, así como a las políticas sociales de ayuda a colectivos particularmente desfavorecidos.
Globalización de la economía, desregular los mercados financieros y liberalizar el flujo de capitales, cuya consecuencia es la configuración de dos espacios superpuestos: el económico de ámbito transnacional y hegemónico, y el político de ámbito estatal, cuyas posibilidades de influir y controlar al poder económico son muy reducidas. En Europa, el mercado garantiza la libre circulación de empresas, capitales, bienes, servicios y personas, lo cual obliga a liberalizar las economías de los estados miembro, por lo que las dificultades socialdemócratas son cada vez mayores a la hora de aplicar sus políticas específicas, basadas fundamentalmente en la presión fiscal, difícil de mantener en un mercado globalizado. Incluso el poder de la economía sobre la política se traduce en la dependencia de los partidos de las entidades bancarias, pues precisan dinero para poder financiar sus campañas electorales. En la necesidad de recibir donaciones de las empresas, incluso ilícitas, dando lugar a altos niveles de corrupción. O mediante el fenómeno de las puertas giratorias, en el que las empresas premian a determinados políticos, contratándolos en sus consejos de administración. Obviamente, nada es gratis et amore.
Limitación de la progresividad de los sistemas fiscales, reduciendo las aportaciones de las empresas al Estado, al objeto de reducir los costes de producción empresarial. El mercado empresarial prefiere impuestos moderados, por lo que buscan países con una presión fiscal menor. El capital financiero, cuya movilidad es plena y con frecuencia casi instantánea, opta incluso por los paraísos fiscales. Y con objeto de atraer inversión empresarial y capital, los estados se esfuerzan en reducir sus impuestos, incurriendo en situaciones de competencia fiscal, lo que va en detrimento del poder redistributivo de los estados. Su consecuencia más inmediata es la merma de la capacidad redistributiva del Estado, que se traduce en recortes de la sociedad del bienestar.
Flexibilización del mercado laboral mediante la descentralización de la negociación colectiva, el empleo temporal que permite disponer a la empresa de una importante flexibilidad para contratar y despedir, los bajos salarios y el abaratamiento del despido. Obviamente, los trabajadores quedan desprovistos de muchos de sus derechos e indefensos ante el poder empresarial. A esto se suma la posibilidad de las deslocalizaciones que permiten a las empresas desplazarse a países donde los niveles salariales son mucho más bajos. La amenaza de las deslocalizaciones constituye un recurso tan poderoso que es capaz de eliminar de la mesa de negociación entre empresa y sindicatos cualquier pretensión sindical. La deslocalización puede considerarse una versión moderna del cierre patronal.
En fin, la experiencia demuestra que la lógica capitalista es incompatible con la justicia social, pues se funda en el interés. De hecho, el capitalismo ha avanzado en la medida en que se hacía más impersonal y más libre de contaminaciones éticas. En definitiva, el libre mercado cuanto más práctico, técnico, eficiente, competitivo y calculador sea, mayores serán sus beneficios, por lo que más ajeno deviene a la ética y a la solidaridad. Sus consecuencias son evidentes: desigualdad, desempleo, pobreza y exclusión social. Por tanto, el capitalismo representa un proyecto insaciable y sin alma, refractario a las prescripciones morales, por lo que el socialismo democrático, que no alberga veleidad comunista alguna, está obligado a reformular su papel histórico como agente transformador de la sociedad.
