18 Feb 2016 EL PSN-PSOE SE REAFIRMA EN LA CONVIVENCIA DE LOS MODELOS LINGÜISTICO Y CRITICA LA APUESTA IDENTITARIA DEL GOBIERNO

El portavoz socialista de Educación en el Parlamento de Navarra, Carlos Gimeno, ha reafirmado el rechazo socialista a cualquier segregación del alumnado, ya sea por modelos lingüísticos castellano-euskera o por razón de sexo, al tiempo que ha señalado que el problema radica en la apuesta identitaria del Gobierno.

Ha criticado que el cuatripartito carezca de modelo educativo definido y que el Gobierno responda con una inactividad absoluta. Por ello se ha preguntado quién manda, quién está utilizando la educación como instrumento político y si los cuatro partidos que sustentan al Ejecutivo van a dejar esta cuestión a la espera de un contexto mejor.

Gimeno ha defendido el derecho a recibir la enseñanza en cualquiera de las dos lenguas oficiales, pero ha advertido de que debe compaginarse con el derecho que también tienen los alumnos y alumnas a una educación de calidad y para la convivencia.

Ha subrayado que la educación es mucho más que la mera transmisión de conocimientos, y que su finalidad básica es aprender a convivir, al tiempo que ha señalado que la institución escolar tiene respuestas para favorecer una normalización lingüística, como factor de cohesión social.

Ha pedido por ello al Gobierno que cuente con la comunidad educativa, que permita la participación y los procedimientos compartidos para hacer posible la elección de lengua y la convivencia normalizada.

“Está altamente demostrado que se puede combinar inmersión, convivencia y aprendizaje de lenguas”, ha subrayado.

Gimeno ha recordado a Geroa Bai el apoyo de Ayerdi y Leuza a la moción aprobada en el Pleno del 9 de enero de 2014, en favor de la convivencia de los modelos lingüísticos, y se ha preguntado si mantendrá el mismo sentido de voto en contra de la segregación.

Ha defendido la autonomía de los centros como un elemento esencial para una educación de calidad, pero ha pedido también un equilibrio entre la capacidad de decisión de los centros y la labor de supervisión y evaluación que corresponde a la Administración, para garantizar el principio de equidad y evitar el riesgo de desigualdad.



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