
03 Nov 2015 EL PARLAMENTO FORAL APRUEBA LA PROPUESTA SOCIALISTA PARA DEROGAR LAS TASAS JUDICIALES DEL PP
El Parlamento de Navarra ha aprobado hoy una moción socialista en la que se insta al Gobierno del PP a derogar las tasas judiciales establecidas mediante la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por considerar que vulneran la tutela judicial efectiva y no garantizan que todos los ciudadanos y ciudadanas puedan obtener justicia cualquiera que sea su situación económica o su posición social.
El acuerdo ha merecido el respaldo de todos los grupos parlamentarios, con la única salvedad del PP, que ha votado en contra.
La resolución, defendida en comisión por Inma Jurío, establece que el Gobierno del PP ha asignado a las tasas judiciales “cuantías tan elevadas que más que tener un carácter meramente recaudatorio, parecen pretender un efecto disuasorio que colisiona frontalmente con derechos de protección constitucional”.
En el acuerdo se insta igualmente al Gobierno de España a transferir a Navarra el importe correspondiente de las tasas judiciales ingresadas en su territorio, para destinarlas a cubrir los gastos de la Comunidad foral en asistencia jurídica gratuita, a fin de dar efectivo cumplimento a lo establecido en el artículo 11 de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre”.
Se recuerda que la Justicia es un pilar básico de nuestro sistema democrático, “que debe estar junto con la libertad, la igualdad y el pluralismo político dentro de los valores superiores que deben establecer los poderes públicos”. Se añade que la justicia “debe de ser ejercida por un poder judicial independiente, con medios suficientes para dar el servicio a la sociedad, teniendo un sistema de Justicia gratuita eficiente para las personas necesitadas de ella”.
En la resolución se denuncia también que el Gobierno del PP no ha tenido en cuenta criterios de proporcionalidad ni la capacidad económica del justiciable, tal como prescribe la Constitución española. “Esta Ley no ha solucionado el problema de los retrasos en la Justicia navarra, ya que se están señalando juicios en los Juzgados de lo Social y Mercantil para más de cuatro años vista, y ha privado del acceso a la Justicia a quién no ha podido pagar las tasas judiciales impuestas”.
Por ello se propone, la derogación de las tasas judiciales establecidas por la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por considerar que vulneran la tutela judicial efectiva e impiden la defensa de los justiciables al constituir un gravamen desproporcionado y disuasorio, sin tener en cuenta la capacidad económica de los ciudadanos y ciudadanas.