30 Ago 2017 EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA REGISTRA UNA PNL PARA QUE SE APLIQUEN MEDIDAS URGENTES CONTRA LA SEQUÍA DE LA CUENCA DEL EBRO
El Grupo Parlamentario Socialista ha registrado una Proposición no de Ley para que se apliquen medidas urgentes contra la sequía en la cuenca hidrográfica del Ebro.
La proposición, que sería debatida en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, señala que se vive en “una situación de alerta prolongada durante los últimos seis meses, entre los ámbitos territoriales afectados por sequía hidrológica: Navarra, La Rioja, Aragón y Cataluña”, por lo que hay que paliar los efectos de dicha sequía.
Además, la propuesta, que ha sido firmada, entre otros, por el diputado del PSN-PSOE, Jesús Mari Fernández, señala que hay que atender “a los titulares de las explotaciones agrarias afectadas por la sequía meteorológica de la cuenca del Ebro, que están atravesando dificultades muy significativas, tanto en cultivos de secano como de regadío, así como a los beneficiarios por las moratorias de la Seguridad Social”.
En concreto, en la Comunidad Foral, están afectadas 40.000 hectáreas de regadío de la ribera Navarra y que se han quedado fuera del plan de emergencia contra la sequía.
Según se recoge en la exposición de motivos, ante la situación de sequía en que se encontraban algunos territorios, el Consejo de Ministros, en una reacción tardía e insuficiente, aprobó el Real Decreto-ley 10/2017, de 9 de junio, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los efectos producidos por la sequía en determinadas cuencas hidrográficas.
Sin embargo, este Decreto-Ley, tramitado actualmente como proyecto de Ley, ha dejado fuera de su ámbito de aplicación a la cuenca del Ebro y ha dejado desprotegidas a las poblaciones y explotaciones agrícolas que, por encontrarse en una situación de sequía similar, deberían tener, al menos, el mismo acceso que otras cuencas a las ayudas previstas.
La deseable inclusión de estas zonas en el proyecto de ley que finalmente se apruebe como consecuencia de la tramitación parlamentaria retrasaría la efectividad de estas ayudas y dejaría a los afectados en una situación de inseguridad económica y jurídica.
