18 Dic UN ACUERDO SOBRE EL CUPO VASCO QUE SE ADELANTA AL CONVENIO ECONÓMICO CON NAVARRA

ARTÍCULO DE OPINIÓN. JESÚS MARI FERNÁNDEZ. DIPUTADO AL CONGRESO POR NAVARRA DEL PARTIDO SOCIALISTA. DIARIO DE NAVARRA.- Hace unos días en el Congreso de los Diputados respaldábamos de forma mayoritaria la nueva Ley del Concierto económico vasco y la fijación de su nuevo cupo. Los dos partidos mayoritarios, PSOE y PP, lo apoyamos reconociendo así la vigencia de dichos regímenes forales. Y no es baladí que este respaldo ocurra por primera vez tras lo acontecido en los últimos años. Después de la gran crisis económica que tanto ha afectado a las haciendas territoriales; de la aparición de los nuevos partidos políticos que, por uno u otro motivo, cuestionan los consensos constitucionales del 78; del cuestionamiento de las relaciones interterritoriales traído de la mano del desafío independentista catalán. Así pues, este apoyo renovado es una gran noticia que debería tener igual reflejo en el debate pendiente del Convenio navarro.
La vigente aportación de Navarra al Estado se rige por el acuerdo para el quinquenio 2010-2014 alcanzado entre un gobierno socialista en España y el de UPN en Navarra en 2011. Un acuerdo logrado por primera vez en su primer año de vigencia, a pesar de ocurrir en plena crisis fiscal y económica. Así pues, la aportación de Navarra al Estado lleva ya dos años largos de retraso, los mismos de Uxue Barcos como Presidenta del Gobierno de Navarra.
El debate en el Congreso dio, además, para establecer algunas significativas constataciones. La primera, el respaldo sin fisuras de los partidos mayoritarios al régimen foral. El Partido Socialista así lo manifestó con convicción. La misma con la que exigió cuanto antes un acuerdo sobre el sistema de financiación autonómica que dé respuesta a las necesidades de recursos de las Comunidades Autónomas de régimen común, con el fin de financiar los servicios públicos fundamentales (sanidad, educación y servicios sociales). Porque lo que demuestra el acuerdo alcanzado con la Comunidad Vasca es que la crisis fiscal no puede seguir siendo excusa para retrasar su renovación.
Un sistema de financiación que, a tenor de las recomendaciones del grupo de expertos organizado por la Conferencia de Presidentes, debe profundizar en la autonomía y corresponsabilidad fiscal autonómica, haciendo este principio compatible con la suficiencia de recursos y la solidaridad entre territorios. Un modelo en el que la descentralización de la responsabilidad sobre el gasto debe acompañar a la descentralización de los ingresos. Y ello también para evitar que, como en el último quinquenio, las autonomías, por su menor capacidad fiscal, se han visto obligadas a ajustar más el gasto que la administración central. En definitiva, se busca acercar el sistema común al foral, y no al contrario.
Al fin y al cabo ese es el espíritu de nuestra Constitución, una España plural y diversa de ciudadanos iguales, sustentada en instrumentos políticos y financieros que aúnan descentralización y solidaridad.
La segunda constatación es la marginalidad en la que se coloca un partido como Ciudadanos, que utiliza la Constitución según le conviene. Ciudadanos se aparta del consenso constitucional de la transición, de la que es parte inescindible el reconocimiento de los derechos históricos forales. Ignora el papel que estos regímenes forales han tenido para restablecer la reconciliación entre españoles, la integración política de las nacionalidades históricas y la estabilidad económica del conjunto de España. Es irresponsable que ante el conflicto catalán hoy Ciudadanos incite al enfrentamiento, en lugar de apoyar soluciones basadas en el diálogo y la negociación, que es lo que significan el concierto y convenio forales.
Tercera constatación, la Comunidad Vasca se ha adelantado, como en los acuerdos sobre el TAV, al Gobierno de Navarra. Se desmonta con ello ese argumento que tanto gusta a la Presidenta Barcos, tan inclinada a echar la culpa de sus fracasos a los demás, de que Navarra no ha renovado su convenio debido a la falta de un Gobierno de España con disposición o capacidad de negociar. La aportación fijada por el cupo vasco para 2017 es de 1.300 millones de euros. Es decir 593 euros por habitante, 490 euros si se descuentan las políticas activas de empleo también transferidas. Mientras tanto, la aportación de Navarra fijada por el Gobierno de España para 2017 es de 627 millones, 978 euros por habitante. Diferencia que de ninguna manera puede justificarse por las asimetrías competenciales. No tiene explicación que el Gobierno de Navarra no haya procedido ya a acordar la renovación del convenio después de dos años y medio.
Barcos se muestra más ocupada en su particular agenda nacionalista que en la cooperación institucional con el Gobierno de España, que beneficiaría a toda la ciudadanía navarra con la actualización de la aportación de Navarra al Estado. Abriendo cuanto antes una negociación leal sobre la transferencia de nuevas competencias pendientes a la Comunidad Foral. Y no renunciando a gestionar las grandes infraestructuras que precisa nuestra Comunidad, como está haciendo.

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