Juan Moscoso del Prado
Diputado a Cortes por Navarra (PSOE) y Doctor en CC. Económicas
La presidencia española de la UE del primer semestre de 2010 será recordada como aquella en la que por fin Europa comenzó a coordinar sus políticas económicas.
El semestre de presidencia española va a marcar para siempre un antes y un después en materia de coordinación económica, el único camino no sólo hacia la unión económica que debe compensar la asimetría de una unión monetaria sin respaldo fiscal, sino también hacia la recuperación económica y el crecimiento.Hace sólo cinco meses, en enero, el presidente del Gobierno fue duramente criticado cuando propuso que en este semestre Europa debía conseguir progresar hacia la unión económica como única vía para salir de la crisis. Hoy, seis meses después, aunque nunca se había avanzado tanto hacia ese objetivo, los críticos habituales no han tardado en abrir el chorro de reproches olvidando que las presidencias se valoran en función de sus efectos para el proceso de integración europea.
Los acuerdos del Consejo Europeo del 17 de junio en materia económica y financiera –reforma regulatoria, estrategia de crecimiento y de creación de empleo de calidad EU-2020, publicación de pruebas de resistencia de entidades bancarias, tasa sobre bancos, propuestas comunes para el G-20 como la tasa sobre transacciones financieras- serían suficientes para ofrecer un balance más que positivo, pero ha habido mucho más. La UE va a supervisar los presupuestos nacionales y coordinar las políticas económicas —más aun para los países de la zona euro—, de empleo, fiscales y, otro éxito, también las políticas sociales porque la presidencia española ha incluido la inclusión social como quinto eje de la Estrategia EU-2020, construyendo la unión económica que complementará a la unión monetaria.
Criticar el desempeño del semestre español utilizando el argumento de la economía intervenida o tutelada roza el ridículo político, más aun cuando formamos parte, todos los estados de la UE y más aun los de la zona euro, de un proceso político de integración política y económica de responsabilidades compartidas, de instrumentos en permanente proceso de perfeccionamiento. Ejemplos no faltan como el Pacto de Estabilidad tras el incumplimiento franco-alemán de 2003 que obligó a su suavización en 2005. Alemania, por ejemplo, exige ahora la recuperación de las sanciones cuya eliminación forzó en 2005, algo que incluso se negaba a asumir todavía el pasado mes de enero cuando lo propuso el Presidente del Gobierno español. Otro buen ejemplo es la sustitución de mecanismos fracasados como el método abierto de coordinación de la fallida Estrategia de Lisboa, por instrumentos mucho más imperativos en la nueva Estrategia 2020. Un conjunto de decisiones que han emitido una clara señal de determinación europea con el fin de impedir que la especulación tumbe la confianza y la estabilidad económica y financiera europea, retrasando la recuperación económica, la creación de empleo y la salida de la crisis.
El semestre español ha sido el de la coordinación de las políticas económicas, lo cual no es poco porque probablemente ese sea el único camino para que Europa deje de ser la región del mundo con peores perspectivas de recuperación económica. Si los mercados castigan a Europa con más dureza que al resto del mundo, y si todavía quedan por delante unos difíciles 2010 y
2011 con previsiones de crecimiento claramente menores que la media y todavía con dudas verosímiles sobre la sostenibilidad de la deuda pública y privada de algunos países se debe precisamente a esa desconfianza sobre la capacidad europea de crecimiento por razones estructurales objetivas que se ven lastradas por la descoordinación económica.
¿Cómo se puede entonces reubicar a los países europeos en el grupo de los de mayor capacidad potencial de crecimiento? Sólo hay un camino, abordando con determinación las reformas capaces de incidir directamente sobre la competitividad y productividad de nuestras economías, y reforzando precisamente aquello para lo que la UE fue creada: la unidad de mercado, las sinergias y efectos dinámicos de la integración y por supuesto la coordinación económica, fiscal y también social de las políticas de los Estados miembros.
Esas reformas no tienen nada que ver con el desmantelamiento del Estado del Bienestar. Lo que deben asegurar es que el bienestar no se financia con déficit —lo que constituye la mejor manera de asegurar su desaparición— y que se es capaz de adaptar su funcionamiento a las exigencias de una economía globalizada como han conseguido hacer los países escandinavos que han logrado un equilibrio más que razonable entre bienestar y competitividad. Muchas economías como la española ya no tienen capacidad fiscal de endeudamiento adicional. Ello nos obliga a financiar nuestras políticas de bienestar con estructuras
fiscales de ingresos suficientes y a reservar nuestra mermada capacidad de endeudamiento a políticas destinadas a potenciar nuestra capacidad de crecimiento y competividad. No vendría mal que los que todavía pueden endeudarse como Alemania colaboren un poco.