Juan Moscoso del Prado
Diputado a Cortes por el PSN-PSOE
No son tiempos fáciles para la economía, inmersa todavía en una profunda crisis. Tampoco es el mejor momento para la política que demuestra una evidente dificultad para ofrecer soluciones y generar confianza. En España no ha sido posible alcanzar ni tan siquiera un acuerdo sobre el diagnóstico de esta crisis. Así, ¿cómo va ser posible pactar la salida de la misma?. La situación actual es, básicamente, fruto de dos circunstancias. La primera, la crisis financiera internacional provocada por un tipo de prácticas bancarias que ha estrangulado el crecimiento global desde 2008 y que, vía crédito, desempleo, hundimiento de la inversión y consumo e importantes quiebras bancarias se ha transmitido a la economía real. El segundo elemento, característicamente español, el pinchazo de la burbuja inmobiliaria que se ha llevado por delante una porción importante de nuestra economía y que, finalmente, ha acabado por impactar en nuestro sistema financiero –bancos y cajas- que había resistido bien el impacto financiero global provocado por las hipotecas basura pero que está digiriendo con dificultad el atracón de ladrillo que nos hemos dado en este país. Apuntar ambos elementos como causas de la crisis actual supera ya el marco de consenso político conseguido en este país porque la derecha básicamente niega ambas, concentrando el grueso de su explicación en la gestión del gobierno del PSOE –que sin duda ha cometido errores, nadie lo discute- como si nada pasara fuera de nuestras fronteras, o como si la desregulación financiera y la burbuja inmobiliaria nada tuvieran que ver no ya con la crisis sino con las políticas y principios defendidos y también promovidos por esa misma derecha cuando gobernó –o gobierna-.(...)
La comunidad internacional reaccionó en 2008 impulsando reformas bancarias y financieras para corregir el desastre regulatorio impulsado desde la derecha pero del que la parte de la izquierda tampoco era ajena –acuerdos del G-20, del eurogrupo, etc.- y poniendo en marcha medidas de expansión fiscal destinadas a sostener la demanda, evitar el hundimiento de las economías y mantener y garantizar nuestro sistema social y medidas como las prestaciones por desempleo, o prorrogarlas tras su finalización. En España se calcula que el Plan E ha evitado la destrucción de medio millón de empleos. Así transcurrió el 2009, un ejercicio en el que quizás se han demorado excesivamente las reformas estructurales necesarias –educación, energía, sostenibilidad, laboral, organización territorial- para incentivar la reactivación de la actividad económica y cambiar nuestro preocupante modelo productivo. España partía de una situación más que razonable, superávit presupuestario y una de las menores deudas públicas acumuladas de la UE, pero una deuda privada excesiva provocada por el ladrillo –deuda respaldada por materia improductiva, suelo y activos inflados, y no por inversiones reales productivas-.Descontando los activos en el exterior, la deuda pública y privada total de la economía española asciende al 94 por 100 del PIB, el principal problema actual. Han pasado los meses y las expectativas de crecimiento no han mejorado excesivamente. No es realista pretender que el Gobierno español, que cualquier gobierno, en las complicadísimas circunstancias económicas actuales, presente un plan capaz de resistir sin ajuste o rectificación alguna el devenir de los acontecimientos. El Gobierno español como el británico, francés, italiano, alemán o portugués acaban de anunciar recortes de gasto. La creación del Fondo de Estabilidad con valor de 750.000 millones de € demuestra la gravedad de la situación.
¿Qué ha pasado en las últimas semanas? Hace sólo un par de meses se discutía acerca de cuando se debían retirar los incentivos fiscales para no afectar a la recuperación, aquí y en el resto del mundo desarrollado. En pocas semanas la expectativa de un crecimiento débil -español y europeo- ha obligado a cambiar los planes de ingreso y gasto de los Estados. ¿Por qué? Porque aunque la reducción del gasto va a restar varias décimas al crecimiento, sin embargo, un déficit elevado restaría más capacidad de crecimiento todavía. La razón es esa deuda pública y privada acumulada. Así, los efectos negativos del ajuste o recorte son, serán, menores que los del mantenimiento de la actual estructura de gastos, una difícil elección que exige sacrificios. Se recorta, se ajusta para favorecer el crecimiento, la única vía para estabilizar las cuentas, aumentar los ingresos y volver a la normalidad. En cuanto superemos este difícil momento, lo haremos, llegará el momento de plantearse otras medidas como reflexionar sobre nuestra política de ingresos fiscales, sin duda estructuralmente bajos para el nivel de prestaciones y de bienestar que los ciudadanos españoles deseamos y que los gobiernos socialistas han impulsado y reforzado en estos 30 años largos de democracia que llevamos. Ese es el debate que debemos tener, el que promueve el PSN-PSOE con iniciativas como las jornadas que celebramos hace semanas junto a nuestros compañeros del Partido Socialdemócrata danés en Pamplona, el que sólo podemos liderar, como siempre, los socialistas.