Alicia Echeverría Jaime
Secretaria Ejecutiva del PSN-PSOE
Hace poco más de un año publiqué en Diario de Noticias un artículo de opinión en el que, como Secretaria Ejecutiva del PSN-PSOE, argumentaba la necesidad de modificar la Ley Orgánica 9/1985 de despenalización del aborto. Además de exponer las razones por las que consideraba necesaria esa modificación, pedía tranquilidad y respeto en el debate, ante algunas manifestaciones de quienes no estaban a favor de esta modificación.
Pues bien, después de un año, la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo (Ley Orgánica 2/2010) ha sido ya publicada en el Boletín Oficial del Estado y entrará en vigor en julio. Sin embargo, varias preguntas surgen cuando se analizan las perspectivas de su aplicación en Navarra, sobre todo en lo que se refiere a la interrupción voluntaria del embarazo: ¿Somos las navarras ciudadanas de segunda?, ¿por qué en un Estado laico priman las convicciones religiosas de un gobierno regional frente a la plena aplicación de la ley estatal?, ¿son los ginecólogos que ejercen en Navarra, ginecólogos de segunda?, ¿por qué prevalecen sus propias convicciones personales bajo el derecho a la objeción de conciencia de los demás?
Como mujer me resulta indignante, incluso me atrevería a decir que insultante y denigrante, además de hipócrita, que a una mujer que vive en Navarra y que decide interrumpir su embarazo se le diga: “aquí no, fuera, a otra comunidad, ya pagamos los gastos, pero fuera”.
¿Por qué? Porque UPN está en contra de la interrupción voluntaria del embarazo. Bueno, la respuesta oficial sería la objeción de conciencia de todo el sistema sanitario público de Navarra. ¿Alguien se cree esto? Algunos no nos lo creíamos antes, pero ahora ya no se lo cree nadie después de que 11 ginecólogos que ejercen en Navarra, manifiestan abiertamente que no todos los facultativos son objetores y que no existe imposibilidad para la aplicación plena de la ley en nuestra Comunidad. Sólo UPN sigue poniendo excusas, sólo UPN sigue haciendo prevalecer sus convicciones ideológicas sobre los derechos de la mujer.
Como en mi primer artículo, sigue pidiendo respeto para todo el mundo y todas las opiniones, y esas convicciones personales que pueden llevar a alguien a manifestarse en contra de la interrupción del embarazo merecen todo mi respeto, pero creo que es obligación del gobierno autonómico garantizar la PLENA aplicación de la ley; y como tal, UPN debe garantizar de forma REAL y PLENA la aplicación de la Ley Orgánica 2/2010. UPN debe devolver a la mujer la dignidad que le arrebató cuando decidió poner como excusa la objeción de conciencia para que en Navarra no se llevaran a cabo interrupciones voluntarias del embarazo, dentro del marcos legalmente establecidos, antes y ahora.
Así se lo ha exigido el Parlamento y así se lo debemos exigir las mujeres, en particular, y la sociedad en general. Es nuestro derecho, y como tal el Gobierno foral tiene la obligación de poner todos los medios para garantizarlo. Creo que aquí podría ser de certera aplicación ese adagio que dice “más hace el que quiere que el que puede”. No es que UPN no pueda garantizar la aplicación de la ley porque el sistema sanitario sea objetor, es que UPN no quiere garantizarla.
Si UPN hace caso omiso a las peticiones del Parlamento, de las mujeres, de la sociedad en definitiva, deberá asumir las consecuencias legales y políticas de este tipo de decisiones. La insumisión a las leyes no debe ser gratuita.
Todas las personas que apostemos por el cumplimiento de la ley en general, y de esta en particular, debemos aunar fuerzas y argumentos para conseguir nuestro objetivo. Las mujeres navarras tenemos derecho a que se nos garantice la posibilidad de interrumpir el embarazo en el marco que establece la nueva ley orgánica; las navarras no somos mujeres de segunda, ni nos merecemos ser “expulsadas” como ilegales a otras comunidades, y menos para ejercer un derecho. No podemos bajar los brazos ante la hipocresía y la mentira de UPN.
Es realmente triste que en pleno siglo XXI las mujeres tengamos que seguir reivindicando de esta forma nuestros derechos; que las convicciones personales prevalezcan sobre los derechos colectivos; y que nuestra dignidad se vea damnificada. Por eso, exijo a UPN que cumpla con su obligación, que es nada más y nada menos que cumplir la ley, y que garantice los derechos de las mujeres, sin excusas ni paliativos. Ya no caben medias tintas en la aplicación de esta ley. Háganlo y sólo estarán cumpliendo con su obligación.