15 Jun 2018 LOS SOCIALISTAS PIDEN UNA MORATORIA DE SEIS MESES AL GOBIERNO DE NAVARRA PARA LA CREACIÓN DE LA FUNDACIÓN PÚBLICA DE SERVICIOS SOCIALES

El PSN-PSOE solicita al Gobierno de Navarra una moratoria de seis meses para la creación de la Fundación Pública que asumirá la gestión de algunos de los servicios sociales que ahora prestan entidades del Tercer Sector. Los socialistas reclaman, además, la creación de un grupo de trabajo con dichas entidades y con personas expertas para evaluar y consensuar la mejor fórmula de gestión sobre los criterios de calidad, eficacia, eficiencia y mejora de las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras.

Los socialistas son muy críticos con la decisión del Vicepresidente de Derechos Sociales, Miguel Laparra, de crear una fundación con el objetivo de gestionar a través de ella algunos servicios sociales. Una fórmula que, como recuerda la portavoz del PSN-PSOE en la materia, Nuria Medina, “tiene más luces que sombras”, entre otras cosas, porque las fundaciones se rigen por el derecho privado y lo hacen, a veces, “con poca o ninguna transparencia”.

Medina señala que el derecho europeo prevé la posibilidad de reservar la prestación de los servicios de interés general de atención directa a las personas a entidades sin ánimo de lucro. Y la propia Ley Foral de Conciertos Sociales reconoce la enorme aportación y reconocida experiencia de las entidades de iniciativa social en el ámbito de los servicios sociales. Defiende, por lo tanto, la necesidad de que las administraciones trabajen de la mano del Tercer Sector como garantía de un trabajo innovador y de calidad.

Considera que las políticas que está llevando a cabo Laparra, lejos de fortalecer el trabajo de las entidades sociales y su colaboración con la administración frente a empresas mercantiles, hacen peligrar dicho trabajo y la continuidad de las entidades.

Además, respecto a las personas trabajadoras, las informaciones hasta el momento han sido contradictorias y no se ha aclarado las condiciones en las que serán subrogados, si esas plazas saldrán o no a oposición, cuándo lo harán y el régimen contractual que tendrán con la administración.

Medina asegura que tampoco hay estudios ni informes que avalen los beneficios de la fundación. Al contrario, considera que no va a mejorar la calidad de los servicios, ni la eficacia y eficiencia de los recursos, ni la calidad del empleo del personal de las entidades.

En este sentido, ha solicitado información al Departamento de Derechos Sociales para conocer los proyectos técnicos de los servicios que asumirá la fundación, la fecha prevista en la que se hará cargo de la gestión, o los sistemas de evaluación de la calidad que se pondrán en marcha. Del mismo modo, preguntará a Laparra en el Parlamento si se va a realizar un estudio sobre la mejor fórmula de abordar la gestión de diferentes servicios sociales públicos.



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